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El Sector Agrícola Colombiano

El sector agropecuario afronta en la actualidad una compleja coyuntura, ante la cual es necesario que el Gobierno Nacional tome una serie de medidas urgentes, que ante la sensación de vacío existente le devuelvan la confianza y la estabilidad al sector. A pesar de los esfuerzos del Estado por lograr una solución a los problemas de inseguridad, los índices de asesinatos y secuestros aumentan cada día. Muchos de estos delitos están siendo cometidos por organizaciones subversivas, pero otra gran parte son obra de delincuentes comunes. La estrategia contra la violencia, diseñada por el Gobierno Nacional, no está dando los resultados esperados.

Como bien lo manifestara el Presidente de la República, con los recursos de la reforma tributaria se requiere, con carácter urgente, incrementar la presencia permanente de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en todo el territorio del país, así como el afianzamiento de las instituciones judiciales. La Nueva Fuerza Democrática espera que estos recursos sean destinados para este fin.

Sin desconocer que la caída de los precios internacionales en productos como el café, las flores, el banano y el algodón, entre otros, ha sido factor preponderante de la actual crisis, la situación de precios se ha visto agravada ante la imposibilidad de mantener en esta coyuntura una tasa de cambio real, que aliviara, al menos en parte, el efecto negativo del mercado internacional.

No solamente ha sido imposible un manejo cambiario compensatorio, sino que la incontrolada entrada de capitales del exterior ha venido a reforzar la tendencia depresiva de los precios, a través de la revaluación del peso. Al mismo tiempo, la revaluación y el comportamiento de los precios internacionales empiezan a incidir sobre la producción agrícola nacional a través del deterioro de la protección relativa que proporcionaban en su momento las franjas de precios, y de la importación de productos sustitutivos para los cuales no se previó una política clara más allá de las franjas.

El difícil balance que está tratándose de lograr en el mercado cambiario, intentando diferenciar la procedencia de los capitales, para desincentivar los capitales malos sin que repercutan sobre las exportaciones, terminan por afectar nuevamente al sector agropecuario no exportador, ya que la revaluación de hecho sobre las divisas en efectivo incrementa el contrabando a través de las fronteras con Ecuador y Venezuela.

Esta situación amerita medidas en tres campos complementarios: (1) en la implementación de una política de estabilización de corto plazo que controle el ingreso de capitales repatriados, sin perjuicio de introducir estímulos al ingreso de capitales hacia la inversión productiva en el país. (2) Sin embargo, en la medida en que esta política pueda generar un mayor diferencial cambiario, el Gobierno Nacional debe actuar de manera urgente en ejercer un mayor control aduanero en las fronteras con Ecuador y Venezuela. (3) Se debe redefinir la protección que el Gobierno ha dispuesto a través de las franjas de precios, de manera que ellas tomen en cuenta la revaluación del peso y otras condiciones del mercado internacional, que permiten una competencia desleal en contra del agro colombiano. Esta protección debe ser clara y reflejar la posición especial que el Gobierno ha querido darle al sector agropecuario. Incluso deben explorarse otros mecanismos alternativos a las franjas de precios, en caso de que ellas no permitan la adecuada protección que debe tener el sector.

Dentro del Plan de Desarrollo Económico, la actual Administración se comprometió con la aplicación de un ambicioso programa de distritos de riego. Estas inversiones, que eventualmente pueden ser la solución para que muchas zonas del país no se vean afectadas por el verano, continúan sin realizarse.

Por muchos años el Estado ha tenido abandonado al campesino colombiano. Los jornales, en términos reales, del sector agropecuario han venido decayendo sistemáticamente. El país no podrá recuperar la paz en el campo mientras no haga un esfuerzo por recobrar la calidad de vida de los campesinos.

A la inseguridad, a la crisis de precios y a la desprotección acelerada del sector se han superpuesto otros factores, entre los cuales adquiere especial importancia la crisis institucional del Estado. Esta se refleja especialmente en el sector agropecuario, en entidades como el Idema y la Caja Agraria, que afrontan una paralización de hecho e indirectamente a través de la absoluta ineficiencia de la Aduana Nacional en controlar el contrabando y las exportaciones ficticias.

Si bien es cierto que el Gobierno heredó el problema de la Caja Agraria, no puede seguir ignorando la solución inmediata del mismo. La parálisis de la entidad traerá perjuicios graves al país, inclusive poniendo en jaque no solo el crédito y la producción agrícola campesinas, sino al propio sector financiero. En años anteriores, el Congreso Nacional aprobó una capitalización de la entidad. A hoy, el Gobierno le adeuda a la entidad una suma cercana a los 59 mil millones de pesos. Estos recursos se requieren urgentemente para que la entidad pueda continuar desarrollando su objetivo social. Esta capitalización debe, necesariamente, ir acompañada de una reestructuración y un compromiso de eficiencia por parte de la entidad.

Para el sector agrícola es imprescindible que tanto en la Caja Agraria como en el sector financiero, se revisen las condiciones de prórroga para créditos vencidos para algunas regiones y sectores que han sido golpeados duramente por algunos de los factores que inciden en la crisis: la inseguridad, el verano, la baja de precios internacionales, las dificultades de mercadeo, el contrabando, etc.